La politización del Tribunal Constitucional

El problema de una posible politización del Tribunal Constitucional no es una cuestión valadí ya que como interprete supremo de nuestra carta magna es el encargado de determinar cuando las leyes se ajustan al contenido de la misma y por tanto si son válidas en nuestra sistema o no. Partiendo de esta base debemos tener en cuenta cual es el sitema de elección de los miembros de dicho Tribunal  y que en principio debería garantizar la imparcialidad del mismo con respecto a todo tipo de ideologías políticas.

 Pues bien, el Tribunal Constitucional esta formado por 12 miembros nombrados por el rey y elegidos de entre Magistrados y Fiscales, Profesores de Universidad, funcionarios públicos y Abogados, todos ellos juristas de reconocida competencia con más de 15 años de ejercicio profesional. Hasta aquí todo bien, ya que tenemos un tribunal formado por personas que han demostrado su valía a lo largo de una amplia carrera profesional. El problema radica en el modo de elección de dichos jueces y que es el siguiente:

a) 4 son elegidos por el Congreso de los Diputados, por mayoría de 3/5
b) 4 son elegidos por el Senado por la misma mayoría
c) 2 son elegidos por el Gobierno
d) 2 son elegidos por el CGPJ

De esta manera, un Gobierno con las suficientes mayorías  puede elegir a gran parte de los Magistrados del Tribunal lo que sin duda alguna supone un fuerte grado de politización del mismo lo que en definitiva supondría una dificultad a la hora de considerarlo materialmente jurisdiccional.

Por ejemplo, en el tan polémico caso del Aborto y el Derecho a la Vida del embrión, la decisión de unos Magistrados adscritos a determinadas ideologías puede dar lugar a diversas interpretación, todas legitimas, pero exesivamente politizadas, que es donde radica realmente el problema.Un partido político en el poder y que cuente las mayorías suficiente podrá nombran Magistrados acordes a sus intereses y decantar a su favor la constitucionalidad o no de determinadas leyes.

Respeto las diversas interpretación que pueden hacerse de un mismo precepto constitucional pero no considero adecuado que el interprete máximo de nuestro texto fundamental pueda estar de algún modo dirigido políticamente. No me parece "justo" ni coherente con un Estado de Derecho. En definitiva, toca esperar a la reforma a la que no hace mucho se refirió el actual Ministro de Justicia para ver como evoluciona la que para mí es una de las principales asignaturas pendientes de la democracia española, la modernización de la Justicia.